(Artículo publicado originariamente en catalán en Elcritic.cat)
A pesar de que, a menudo, algunos actores y discursos insisten en señalar que el sistema educativo de Catalunya es un sistema con resultados mediocres pero relativamente equitativo, diversos estudios han mostrado, desde hace años, que nuestro sistema tiene carencias importantes a la hora de garantizar oportunidades educativas para todos los niños y niñas y jóvenes. En el caso de Barcelona, el informe de Oportunidades educativas de la infancia y la adolescencia en Barcelona 2018-2019 (informe en catalán), elaborado por el Instituto Infancia y Adolescencia, pone de manifiesto, de nuevo, que la mayoría de los retos educativos de la ciudad se pueden formular en términos de reducción de las desigualdades. A pesar de ser conscientes que la educación en la ciudad integra un conjunto muy amplio de ámbitos y dimensiones, en este artículo nos focalizamos en aquellos que consideramos los tres retos principales de la política educativa local en la escolarización de los niños, niñas y adolescentes de segundo ciclo de educación infantil y de la educación obligatoria, es decir, desde P3 hasta la ESO.
El primero de los retos es la lucha para reducir la segregación escolar. Más allá de su relevancia en términos de justicia social, la necesidad de lograr una distribución más equilibrada del alumnado tiene un carácter también instrumental: la segregación escolar dificulta el proceso de aprendizaje del alumnado con más dificultades y afecta negativamente la cohesión social. En Barcelona, tal como se desprende del análisis de los datos del informe, hay importantes desequilibrios, entre la educación pública y la concertada, en la escolarización de algunos colectivos especialmente vulnerables. Por ejemplo, en la educación primaria, la escuela pública escolariza el triple de alumnado de nacionalidad extranjera, el doble de niños y niñas con necesidades específicas de soporte educativo y cuatro veces más niños y niñas con beca comedor que los centros privados concertados. La concentración de estos colectivos en ciertas escuelas e institutos supone una clara desventaja para estos alumnos y es una de las fuentes principales de desigualad en nuestro sistema. Es altamente preocupante, pues, que los niveles de segregación escolar de algunos de los distritos de la ciudad, como por ejemplo Horta-Guinardó, les Corts o Sants-Montjuïc, se sitúen al nivel de los municipios con mayor segregación escolar en Cataluña, tal como apuntaba el año 2016 el Síndic de Greuges (informe en catalán).
En la educación primaria, la escuela pública escolariza el triple de alumnado de nacionalidad extranjera, el doble de niños y niñas con necesidades específicas de soporte educativo y cuatro veces más niños y niñas con beca comedor que los centros privados concertados.
La segunda de las fuentes principales de desigualdad a lo largo de la educación obligatoria son las diferentes trayectorias y experiencias educativas del alumnado durante su proceso de escolarización, y el rol de los centros educativos en su configuración. En este sentido, medidas como la repetición de curso o la separación, en diferentes clases, del alumnado de un mismo curso según su rendimiento académico o sus supuestas capacidades, afectan las experiencias, las trayectorias y los resultados educativos de los niños, niñas y jóvenes. De hecho, como muestran los datos del estudio PISA (informe en inglés), el sistema educativo español tiene un problema importante con el uso de la repetición: es uno de los países de la OCDE, sólo por debajo de Francia y Luxemburgo, con mayor tasa de repetición. En clave de desigualdad, cabe decir que la prevalencia de estas medidas tiene un fuerte sesgo socioeconómico: por ejemplo, en el caso de la repetición, los datos presentados en el informe muestran como en Barcelona los chicos, de nacionalidad extranjera y escolarizados en centros públicos tienen una mayor probabilidad de repetir curso, hecho que afecta negativamente en su trayectoria educativa futura.
El sistema educativo español tiene un problema importante con el uso de la repetición: es uno de los países de la OCDE, solo por debajo de Francia y Luxemburgo, con mayores tasas de repetición.
En este sentido, la repetición de curso, así como el agrupamiento según el nivel académico de los alumnos, son estrategias que, tal como ha demostrado la investigación, no acostumbran a responder exclusivamente al proceso de aprendizaje de los alumnos, sino que a menudo son utilizadas por los centros educativos como mecanismos de gestión de una población escolar socioeconómicamente heterogénea. De hecho, se ha demostrado que teniendo un mismo rendimiento académico, el alumnado de menor nivel socioeconómico tiene más probabilidades de repetir que aquellos de clase media o alta. Estos estudios también muestran que la repetición es una medida que no mejora el rendimiento académico del alumnado, tiene un coste muy elevado, y afecta de manera importante las desigualdades educativas.
En tercer lugar, un último eje de desigualdad identificado es el de resultados educativos. Garantizar el derecho a la educación requiere también velar para que todo el alumnado adquiera un nivel mínimo de resultados escolares. En este sentido, la ciudad de Barcelona presenta algunas desigualdades importantes en relación con el logro de este nivel mínimo de resultados. Más allá de las importantes diferencias entre distritos por lo que respecta al porcentaje de alumnos que adquieren las competencias básicas de 6º de primaria y 4º de ESO, destaca la concentración de estos alumnos en determinados centros. En el caso de las pruebas de 4º de ESO, mientras en distritos como el Eixample, Les Corts o Gràcia no encontramos ningún centro donde más de la mitad de su alumnado no supere las competencias básicas, en Ciutat Vella el 27,3% de los centros se encuentran en esta situación o el 11,1% en el distrito de Nou Barris. Evidentemente, estas desigualdades aparentemente territoriales esconden desigualdades socioeconómicas que penalizan especialmente al alumnado de entornos socioeconómicos más desfavorecidos o en situación de pobreza.
Las desigualdades aparentemente territoriales en los resultados educativos esconden desigualdades socioeconómicas que penalizan especialmente al alumnado de entornos socioeconómicos más desfavorecidos o en situación de pobreza.
La mejora de los sistemas educativos que, como el nuestro, garantizan el acceso universal a la educación básica pasa inexorablemente por la reducción de las desigualdades educativas. Muestra de esto es que, más allá de los retos señalados en este artículo, cualquiera de las prioridades de nuestro sistema educativo (por ejemplo, reducir el abandono educativo prematuro o aumentar el número de jóvenes que obtienen un título de educación postobligatoria) se puede plantear en términos de desigualdades educativas. Desigualdades educativas que muy a menudo se expanden y hasta se originan en la educación primaria o ESO, como se ha puesto de manifiesto, de forma reducida, en este artículo. En este sentido, aún hay un amplio margen de mejora en la capacidad de la política educativa, también a nivel local, para hacer frente a estas desigualdades. A pesar de iniciativas como el Pacto contra la segregación escolar en Cataluña (pacto en catalán) y el Plan de choque contra la segregación escolar (plan en catalán) impulsado por el Consorcio de Educación de Barcelona apuntan en la buena dirección, una de las cuestiones pendientes en la agenda política es el desarrollo de un marco legal que garantice que todos los centros financiados con fondos públicos contribuyan en igual medida en la reducción de la segregación escolar. Así mismo, la administración educativa tendría que ser capaz de dar una respuesta efectiva a los centros educativos, especialmente a aquellos que concentren mayores dificultades, con tal que todas las escuelas e institutos dispongan de recursos (económicos, materiales y humanos) en función de la diversidad y las necesidades de su alumnado. Por último, es urgente también el desarrollo de medidas activas de acompañamiento en los centros o de desegregación para asegurar que todo el alumnado adquiera un nivel mínimo de resultados educativos al finalizar la educación obligatoria, requisito indispensable para garantizar de manera efectiva el derecho a la educación y la posibilidad que todos los y las jóvenes de la ciudad puedan desarrollar una trayectoria exitosa en la educación postobligatoria.
