El Instituto Infancia y Adolescencia se suma a la llamada para ampliar el sufragio a las personas de 16 y 17 años como medida para fortalecer la democracia, combatir la desafección política y reconocer la voz de las generaciones más jóvenes.
Desde el Instituto Infancia y Adolescencia hemos decidido adherirnos al manifiesto que reclama la ampliación del derecho a voto a las personas de 16 y 17 años en España, impulsado por un grupo profesores universitarios, investigadores y activistas por los derechos de la infancia y la adolescencia. Consideramos que esta propuesta representa un paso necesario para avanzar hacia una democracia más inclusiva, justa y representativa, donde la voz de la infancia y adolescencia sea más escuchada y tenida en cuenta en las decisiones colectivas, que es uno de los derechos que reconoce la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a la que España adhirió en el año 1990.
El manifiesto pone de relieve varios argumentos fundamentales que compartimos plenamente. En primer lugar, la justicia democrática: la exclusión del derecho a voto por motivos de edad es una barrera antidemocrática que perpetúa una desigualdad histórica y debilita el principio de universalidad del sufragio. En segundo lugar, el fundamento legal: la propuesta se enmarca en los valores y derechos reconocidos por la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que defienden la igualdad ante la ley y el derecho a participar en las decisiones que afectan a la propia vida. También existe una clara incoherencia legal: los chicos y chicas adolescentes pueden trabajar, emanciparse, casarse con autorización o decidir sobre su salud, pero no pueden votar, aunque las políticas públicas les afectan directamente. Además, es necesario tener en cuenta el impacto político: las decisiones tomadas hoy condicionan el futuro de las generaciones más jóvenes, pero éstas no tienen ningún mecanismo para influir democráticamente. Por eso, la justicia intergeneracional es otro pilar clave: hay que escuchar y dar poder político a quien vivirá más tiempo con las consecuencias de las políticas actuales. Esta propuesta también se inspira en los precedentes internacionales, puesto que países como Austria, Malta, Escocia o Argentina han implementado con éxito el voto a los 16 años, con resultados positivos en participación y formación cívica. Por último, cabe destacar el valor educativo y simbólico de la medida: permite fomentar la formación política desde la práctica y envía un mensaje de confianza y corresponsabilidad a los adolescentes, reconociéndolos como ciudadanos de pleno derecho.
Ahora bien, desde el Instituto Infancia y Adolescencia pensamos que, para que esta ampliación del sufragio sea realmente transformadora, es necesario que vaya acompañada de medidas educativas. Proponemos impulsar programas de formación en valores democráticos en los institutos, tal y como se ha hecho en otros países, para garantizar que los jóvenes voten de forma informada y crítica. Asimismo, creemos necesario establecer mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto de esta medida en la participación electoral y en la reducción de la desafección política, tanto entre los jóvenes como en el conjunto de la sociedad. Este sistema debería incluir el análisis de la participación por franjas de edad, así como el uso de encuestas y estadísticas oficiales sobre el interés político, la confianza institucional y la percepción de la democracia. Sólo así podremos garantizar que esa ampliación de derechos contribuya a una democracia más viva, consciente e inclusiva.
El manifiesto está abierto para recibir nuevas adhesiones, se puede adherir aquí.
