(Artículo publicado originariamente en Social.cat) La pobreza infantil es un problema de primer orden, no sólo para niños y niñas que viven en esta situación sino para toda la ciudadanía. En el Estado español, en Cataluña y en Barcelona, 3 de cada 10 niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza. Entre ellos, al menos uno vive en situación de pobreza grave y casi uno lo hace en condiciones de pobreza extrema, aunque en este último caso ha habido una mejora en los últimos años.
El nuevo informe de FOESSA nos acaba de alertar de tres cosas importantes. La primera es que la pandemia ha incrementado las desigualdades sociales (que ya eran preocupantes antes de esta última sacudida), sobre todo en las condiciones de empleo y de vivienda. La segunda (que es en gran parte la concreción de la primera), que entre los colectivos más impactados por la exclusión social se encuentran la infancia. Entre 2018 y 2021 el riesgo de exclusión social entre los menores de 18 años en la diócesis de Barcelona ha subido del 32,5% al 46,9% y es la cifra más alta de todos los grupos poblacionales. De acuerdo con estos datos, entre 4 y 5 de cada 10 niños y adolescentes viven en riesgo de exclusión. Y la tercera, que las áreas urbanas son las más afectadas.
Parece, pues, que no aun no hemos entendido bien la magnitud del problema y el hecho que se trata de un problema creciente. No atender bien a nuestros niños y niñas nos debilita a todas y todos como sociedad. Ya hace tiempo que la investigación ha evidenciado cómo los niños que crecen en pobreza tienen grandes probabilidades de ser también pobres en el futuro. Se conoce como el ciclo intergeneracional de la pobreza: la pobreza en la infancia se traduce en peores oportunidades educativas, peores resultados académicos, peores trayectorias laborales, niveles de renta más bajos y peor salud mental en la adultez. Además, también hay que tener en cuenta las mayores dificultades en la creación de los vínculos emocionales necesarios para la vida y el hecho de que los niños y niñas disponen de redes relacionales más empobrecidas.
Y es que tampoco hemos entendido bien que para cuidar nuestra infancia debemos cuidar de su entorno familiar y más cercano. Lo hemos oído muchas veces: para educar a un niño hace falta toda una tribu. Y es que la pobreza infantil no es un problema de los niños. Es el reflejo de una sociedad que no se les mira lo suficiente y que no entiende que son lo que más deberíamos cuidar, en tanto que son la clave de la cohesión social futura. Y, sobre todo, que para cuidar adecuadamente a un niño, debemos cuidar adecuadamente a sus familias. FOESSA señala a las familias numerosas y monomarentales, como las más vulnerables ante las dinámicas de exclusión.
Desde la responsabilidad pública y la solidaridad comunitaria, nos corresponde ayudar a las familias que se encuentran con dificultades para que puedan desplegar esta valiosísima labor que es la crianza: no puede ser que no puedan ofrecer un techo en condiciones a sus hijos, o comida saludable, que no puedan calentar la vivienda en invierno o que no puedan hacer frente a un gasto imprevisto. No debemos permitir que un padre o madre no pueda llevar a su hijo al dentista o al psicólogo (por citar dos ejemplos de servicios sanitarios fuera de la cobertura pública), o que no tengan suficientes recursos para pagar las salidas o el material escolar ni que los horarios o la necesidad de combinar diferentes trabajos robe a los niños y niñas, y también a sus padres y madres el tiempo compartido, tan necesario para construir vínculos y para que los niños puedan descubrir su sitio en el mundo.
Desgraciadamente, venimos de un modelo de estado de bienestar históricamente débil en políticas familiares. El coste de un niño corre casi en exclusiva a cargo de las familias y, tradicionalmente, no hemos valorado los cuidados. Cuando se compara la pobreza entre la población adulta con hijos y sin hijos, los datos son inequívocos: tener hijos es una variable de riesgo a la pobreza, en lugar de un activo al que, como sociedad, destinamos todos los cuidados posibles. ¿Hasta cuándo deberemos esperar para que nos preocupe la alarmante caída de la natalidad?
No hace falta más datos ni más argumentos para que la pobreza infantil entre en la política pública como un problema de primer orden. Por suerte se han hecho pasos que vislumbran cierta esperanza, pero es urgente centrar las energías en desplegar de forma real y tangible las medidas disponibles.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas situa la erradicación de la pobreza en el primero de los objetivos mundiales, y parece que Europa también ha captado estar urgencia con el actual despliego de la Garantia social europea. Parecería que también lo ha entendido el Estado español, con la promoción de la Alianza Pobreza Infantil Zero, en la que Barcelona fue el primer municipio que se sumó a ella. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) español y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) catalana han asumido que tener niños y adolescentes a cargo merece un refuerzo específico en las rentas transferidas, aunque todavía está por demostrar que consigan los impactos esperados en la reducción de las cifras de pobreza.
En Barcelona, debemos destacar la mirada multidimensional que el nuevo Plan de Infancia 2021-2030 presta a la pobreza infantil, con líneas de actuación prioritarias en política de rentas, en educación, ocio y salud. Por ejemplo, el Fondo 0-16, que busca poder garantizar las condiciones económicas y materiales básicas a los niños y niñas, o las ayudas a la vivienda y los suministros energéticos. En el ámbito educativo las actuaciones para combatir la brecha digital (Connectem Barcelona), el sistema de tarificación social en la guardería, la lucha contra el fracaso escolar y el abandono prematuro o las actuaciones en los tiempos educativos fuera del escuela como la reciente medida que garantizará extraescolares a los niños y niñas que de otro modo no podrían acceder. En el ámbito sanitario destacan las medidas de acceso a los tratamientos sanitarios no cubiertos por la red pública (salud bucodental y ocular) y el refuerzo urgente a la salud mental, tan dañada por la pandemia en nuestra población adolescente. Son sólo algunos de los ejemplos de las más de 30 acciones que la municipalidad ha reflejado en el nuevo Plan.
Las entidades de atención a la infancia alertan, desde hace mucho tiempo, de que las ayudas no llegan a todo aquel que las necesita aunque, por requisitos, pueda tener acceso a ellas. La Administración digital ha complicado el acceso a las ayudas a muchas familias en dificultad y, por extensión, a sus hijos e hijas, conformando una nueva forma de maltrato institucional. FOESSA ha analizado el despliegue específico del IMV y la RGC y señala la necesidad urgente de acelerarlas y ampliar el conocimiento de estas ayudas entre las familias que pueden acceder a ellas para que los apoyos se hagan efectivos en el día en día de las familias y de todos los niños y niñas que tienen derecho a ellos.
