(Artículo publicado originàriament en catalán en Elcrític.cat).
La inseguridad residencial afecta cada vez a más familias de Barcelona, y las que salen peor paradas son las familias con niños y niñas en situación de pobreza, las familias racializadas y las indocumentadas. Para estas, el arraigo a la comunidad y a la escuela es una cuestión de supervivencia y por ello sus estrategias de afrontamiento ante la expulsión inmobiliaria pasan por resistir al máximo y quedarse en el barrio.
Los intereses del capital inmobiliario se despliegan impunes desde hace años en la ciudad, generando miles de desahucios invisibles y silenciosos de todas aquellas familias que, al no poder asumir el incremento de coste de la vivienda, deben abandonar los barrios de residencia en los que han vivido durante muchos años. La movilidad por motivos económicos o forzados por la vivienda se ha disparado del 16% al 27,7% en tan sólo cinco años. Pero el aumento de los precios del alquiler o la no renovación de los contratos una vez expiran no son las únicas estrategias de expulsión inmobiliaria. También se dan estrategias más duras como estratagemas judiciales para saltarse el marco legal que defiende el derecho a la vivienda o el mobbing inmobiliario, con prácticas de acoso o extorsión de los inquilinos. Además, existe un claro cierre del acceso a la vivienda a las familias racializadas y a las indocumentadas.
Así lo hemos podido corroborar a partir de una investigación etnográfica impulsada desde el Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona, basada en el seguimiento durante cuatro años (2018-2022) de 20 familias con niños, niñas o adolescentes de Ciutat Vella que viven en pobreza e inseguridad residencial. El trabajo etnográfico se ha completado con entrevistas a miembros de asociaciones vecinales, redes de apoyo mutuo, sindicatos de vivienda, maestros y maestras de primaria y profesionales de los servicios sociales.
La conclusión es clara: la crisis de la vivienda es también una crisis de infancia, por los impactos profundos, directos y transversales que tiene la inseguridad residencial en las vidas de los niños y niñas, a muchos y distintos niveles: impactos materiales, relacionales, educativos y de salud, tanto física como mental.
La presión immobiliaria empeora las condiciones de vida de las familias y de sus hijos e hijas
El trabajo etnográfico no sólo ha permitido perfilar las estrategias de expulsión del mercado inmobiliario, sino también las estrategias de afrontamiento de las familias amenazadas por la pérdida de su vivienda. Algunas, víctimas de la gentrificación y los efectos de la turistificación, optan por asumir la expulsión del barrio y buscan una nueva vivienda más económica, lejos del vecindario. Se trata de desahucios invisibles, que no hacen ruido, pero que desarraigan y hacen sufrir a cientos de familias y a sus criaturas. Sin embargo, otras luchan por no ser expulsadas del barrio, porque el arraigo en el barrio representa una parte indispensable de su estrategia de supervivencia. Es el caso de las familias que hemos estado siguiendo con la etnografía. Cuando una familia está en situación de pobreza o exclusión, las redes informales de apoyo mutuo se convierten en vitales para cubrir las necesidades económicas (dan cobertura a pequeños endeudamientos con el comercio local y personas de confianza), y para cubrir las necesidades de conciliación y cuidado de los niños y niñas (con apoyos en casos de enfermedad o bien en la logística del día a día). Para los niños, niñas y adolescentes, el arraigo en el barrio supone disponer de una mayor protección comunitaria, poder continuar en la misma escuela, conservar los amigos y amigas y poder realizar sus actividades cotidianas y habituales (esplai, deportes, biblioteca, escuela de música, entre otros).
Para muchas familias en situación de pobreza,
quedarse en el barrio es la mejor manera
de proteger a sus hijos e hijas
Así pues, para muchas familias en situación de pobreza, quedarse en el barrio es la mejor manera de proteger a sus hijos e hijas, aunque implica asumir un empeoramiento de sus condiciones de vida, como renunciar a bienes, servicios y actividades educativas, la reducción al máximo el coste de suministros (o sufrir pobreza energética); o, en los peores de los casos, vivir en viviendas compartidas o sobreocupadas (y en consecuencia renunciar al espacio personal y a la intimidad, una pérdida especialmente costosa en la adolescencia). En los casos más extremos, puede suponer la necesidad de ocupar una vivienda. Para todas estas familias, el empeoramiento de las condiciones de vida es un “mal menor”, frente a la perspectiva de tener que abandonar el barrio y perder sus redes y apoyos, tan esenciales para la supervivencia. Tanto la gestión de la supervivencia familiar como las estrategias de afrontamiento frente a las expulsiones inmobiliarias son fenómenos totalmente feminizados.
Pobreza material, dificultades relacionales e impactos educativos y de salud en la vida de los niños y niñas
La inseguridad residencial, que incluye tanto el proceso de desahucio (que puede alargarse durante años), la amenaza del lanzamiento, como el hecho de vivir en viviendas inadecuadas, pone en riesgo las necesidades básicas para el crecimiento óptimo de los niños, niñas y adolescentes. La etnografía nos muestra las consecuencias a lo largo y ancho de sus vidas: a nivel material, relacional, en los resultados educativos, en la salud y a nivel psicoemocional. Les afecta de forma profunda en todos sus espacios vitales (los espacios íntimos, familiares, escolares y sociales) y en formas diversas y específicas en cada etapa del ciclo vital (pequeña infancia, infancia y adolescencia).
Algunas consecuencias a nivel material de vivir en inseguridad residencial son la imposibilidad de tener un espacio de intimidad, de juego, de descanso o para realizar los deberes. Vivir en viviendas sobreocupadas o bajo la amenaza de un desahucio obliga a muchos niños y niñas a vivir durante años con sus pertenencias guardadas en cajas. Los gastos desmedidos de la vivienda (un 50,1% de los hogares con menores de edad en Barcelona sufren sobrecarga de gastos de la vivienda) conllevan situaciones de pobreza energética y, en los casos más extremos, puede suponer no disponer de agua corriente en casa. Además, dejan a las familias sin recursos para pagar las salidas escolares o actividades extraescolares, entre otras muchas renuncias.
También es necesario subrayar los impactos a nivel relacional, como el miedo o desconfianza de los niños, niñas y adolescentes hacia las personas adultas, especialmente la policía, ya que la relacionan con los momentos de lanzamiento. Los niños y niñas no entienden porqué, en lugar de ayudarles, los echan de casa. Quienes viven en pisos compartidos, sobreocupados o quienes viven en una pensión, no pueden invitar a sus amistades a casa, ni celebrar su cumpleaños. A menudo deben soportar problemas graves de convivencia y un clima de angustia y estrés permanente en casa. Durante años, crecen sin perspectivas vitales ni de futuro. Estos son niños y niñas con mayor predisposición a sufrir bullying, o también a ejercerlo, como vía para expresar su profundo malestar. La mayoría tienen vergüenza de hablar de su situación con el entorno, por lo que lo sufren en soledad y con incomprensión.
Estos niños y niñas tienen una mayor predisposición
a sufrir ‘bullying‘ o también a ejercerlo,
como vía para expresar su malestar profundo
Hay que subrayar, también, consecuencias en lo que respecta a la salud, tanto física como mental. Las más habituales son la depresión, apatía y ansiedad, trastornos del sueño, la imposibilidad de tener una dieta equilibrada y completa (por la falta de recursos económicos) y trastornos alimenticios como bulimia y anorexia por causa del estrés y la angustia. En estos contextos también crecen las violencias, las adicciones (a las pantallas, alcohol, tabaco y al juego online); y la sensación de desprotección y desafección hacia el mundo adulto y las autoridades. La turistificación de los barrios en Ciutat Vella, además, tiene impactos en la salud de los niños, niñas y adolescentes por el incremento de suciedad y ruido. Se produce una pérdida de identidad con el barrio y una mayor desconfianza a la hora de transitar por la calle en sus trayectos cotidianos.
La respuesta de la administración: cada vez más recursos, pero aún insuficientes
En los últimos cinco años han aumentado mucho los recursos de la administración municipal para hacer frente a la crisis de la vivienda, tanto en lo que se refiere al incremento de ayudas a los hogares con menores de edad como por la creación de nuevas unidades y protocolos para evitar la pérdida de la vivienda y acompañar a las familias y a sus hijos e hijas.
En 2016 las ayudas otorgadas por los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente a los gastos de la vivienda para guarderías representaban un 27,2% del total, mientras que en 2021 ya representaban el 42,3% (un 15,1% más) y el importe total en euros de estas ayudas pasó de 4,6M€ a 14,4M€ anuales (un 209% más). Desde 2014, las intervenciones de los servicios sociales por riesgo de pérdida de vivienda y/u ocupación han crecido más del 300%, con especial incidencia en los hogares con niños, niñas y adolescentes. En 2016 se crea la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) para dar una respuesta centralizada a la prevención y mediación en procesos de desahucio. Desde entonces ya se han realizado miles de intervenciones, más de 2.000 sólo en 2021.
Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos por garantizar el derecho a la vivienda no se ha conseguido detener todos los procesos de desahucios ni los lanzamientos, por lo que se necesitan más recursos y un mayor compromiso por parte de todas las administraciones, también por parte de la Generalitat y del Estado. A cada administración le corresponde desplegar los recursos necesarios de acuerdo con sus competencias; y sin medidas estructurales, la crisis de la vivienda no dejará de ser, también, una crisis de infancia. A pesar de que los impactos no sean palpables hasta dentro de unos años, es necesaria una inversión decidida de construcción de parque de vivienda pública, medidas de control del precio de los alquileres y ampliar las políticas familiares y de crianza (tradicionalmente débiles en el estado español). En paralelo, y con carácter más inmediato, es necesario sostener las ayudas sociales a la vivienda y aplicar una mirada de infancia en la gestión de esta inseguridad residencial.
En Ciutat Meridiana y en Raval Sud
se aplica un cambio de mirada
en las formas de atender y acompañar
las familias y los niños y niñas,
que es necesario exportar al resto de la ciudad
Afortunadamente, ya se están desplegando iniciativas interesantes, por ejemplo en Ciutat Meridiana y Raval Sud, de trabajo en red entre los servicios sociales, el CAP, el centro abierto, la escuela y las entidades del barrio. En ellas se aplica un cambio de mirada en las formas de atender y acompañar a las familias y los niños y niñas. También se tiene más en cuenta la voz de la infancia, y se generan herramientas y recursos específicos como cuentos, canciones, guías para profesionales, entre otros.
Además, es importante comprender y reconocer el papel del tejido comunitario y los movimientos sociales en defensa de la vivienda: por su mayor capilaridad, por los apoyos reales y concretos que ofrecen y por el apoyo emocional que suponen para muchas familias que sufren la inseguridad residencial. Cuando las redes informales y los servicios públicos trabajan de forma coordinada, se optimizan las posibilidades de éxito en la negociación con los propietarios de la vivienda y las posibilidades de encontrar soluciones favorables a las familias y niños y niñas, para que no sean expulsados de su casa.
* Podeis acceder al resumen más extenso y fundamentado aquí, o a los informes (ambos en catalán) del laboratorio de vivienda de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona: Impactes de la crisi de l’habitatge en les vides dels infants i els adolescents (informe en base a l’etnografia) i Context residencial de la infància, cost de l’habitatge i dinàmiques d’expulsió a la ciutat de Barcelona. Estat de la qüestió 2021-2022 (diagnosi quantitativa de la crisi de l’habitatge).
