(Artículo publicado originariamente en Social.cat) La violencia contra los niños y niñas está más extendida de lo que a simple vista podría parecernos y va más allá de las formas más duras y más crudas que todos tenemos en el imaginario: no se trata solamente de la violencia física o la violencia sexual, también es necesario considerar la violencia emocional, la negligencia o la exposición de los niños y niñas a situaciones o episodios de violencia de género hacia sus madres. Más recientemente, han aparecido nuevos tipos de violencias digitales (cyberbullying, sexting, grooming..) y hemos tomado más conciencia de que la violencia también puede ser institucional. Las violencias contra la infancia no son sólo una violación de los derechos humanos, sino que son un grave problema de salud pública, ya que tienen importantes consecuencias para la salud física y psicológica a corto y largo plazo, así como importantes repercusiones sociales.
¿Cuantos niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencias?
A nivel de ciudad, no disponemos de ninguna encuesta específica sobre violencias en la infancia y la adolescencia, pero sí de diferentes operaciones estadísticas. Su recopilación en el Observatorio 0-17 BCN nos permite una primera aproximación[1]. Así sabemos que en Barcelona, 1 de cada 10 niños/as de entre 0 y 17 años afirma haber sufrido violencia sexual durante la infancia por parte de adultos conocidos -una violencia que afecta al triple de chicas (11,5%) que de chicos (4,4%)- y que también 1 de cada 10 la sufrió por parte de otros niños/as como compañeros/as de escuela, pareja o hermanos/as, también con mayor afectación entre las chicas (9,1% vs .4,7%).
En cuanto a la violencia física, 14 de cada 10.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de malos tratos en su domicilio familiar (en 2020 hubo 333 casos con denuncia registrados en Barcelona), y sabemos que durante el confinamiento 1 de cada 10 familias admitió haberlos pegado.
La violencia emocional afecta todavía a más niños y niñas. Una aproximación en la dan los 2 de cada 10 niños/as de entre 10 y 12 años que dicen no estar suficientemente satisfechos con las personas con las que viven o los 2 de cada 10 adolescentes que califican sus relaciones familiares de regulares o malas. En condiciones estresantes como el contexto de confinamiento, las violencias aumentaron: 3 de cada 10 familias admitieron situaciones de conflicto con sus hijos y 2 de cada 10 haber perdido los nervios o haberlos insultado en algún momento.
En cuanto a situaciones de riesgo social (a menudo vinculadas a violencias por negligencia de los entornos de cuidado más inmediatos), en 2020 los servicios sociales básicos municipales valoraron 1.792 casos a demanda del sistema judicial y de la DGAIA (7 de cada 1.000 niños), y los EAIA atendieron y valoraron el expediente de 1.200 niños y adolescentes de entre 0 y 17 años.
¿Qué oportunidades ofrece la nueva ley para luchar contra las violencias que sufren los niños, niñas y adolescentes?
Formas y expresiones de violencia pueden haber de muchos tipos pero con la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia (LOPIVI) el pasado julio, se da un paso adelante muy importante: no sólo se acuerda la definición de lo que es violencia contra la infancia como objeto de la ley (“toda acción, omisión o trato negligente que priva a los niños, niñas y adolescentes de sus derechos y bienestar, y que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social”), sino que da un paso más en el abordaje proactivo de la violencia y define el concepto de buen trato (que también se convierte en obligación jurídica), e introduce la noción de espacios seguros. Además, identifica los siete ámbitos desde los que deberá actuar: familiar, educativo, sanitario, servicios sociales, deporte y ocio, ámbito digital y cuerpos policiales.
El sistema que teníamos hasta ahora es un sistema muy deficitario por su carácter sancionador y represivo; porque prima la aproximación penal, policial y judicial; porque pone el foco en el agresor y porque no reconoce los derechos del niño, sino que se centra en la atención asistencial. La nueva Ley, en cambio, propone un cambio de paradigma y cultural, partiendo del enfoque de derechos y la protección integral: aborda sus causas y prioriza la prevención de las violencias, sin descuidar la necesidad de reparar el daño. Además, remarca que es necesaria la intervención de todos y todas las profesionales, de la ciudadanía y de los propios niños y niñas, remarcando la importancia de reforzar una educación que les ofrezca herramientas para la autoprotección y canales de comunicación a su alcance.
Para conseguir estos cambios, no sólo necesitamos datos que nos den conciencia del alcance de la problemática, o más y mejor formación de los profesionales sino que también son necesarios mecanismos complementarios como la extensión del tiempo de prescripción de los delitos cometidos a personas menores de edad; la posibilidad de que un niño o niña pueda hacer una denuncia sin que esté presente su tutor/a legal; la creación de nuevas figuras referentes a los centros educativos, de ocio y deportes; o el refuerzo de los mecanismos de denuncia en los centros de protección.
La LOPIVI representa una gran oportunidad, pero también tendrá que afrontar grandes retos: está pendiente la estrategia específica para su despliegue, y desde los diferentes servicios y espacios de atención a la infancia hay muchas dudas sobre cómo hacerla operativa. La formación a un gran número de profesionales no se hace de la noche a la mañana y será necesario que todo el mundo entienda que ante un inicio de violencia, todos y todas tenemos la responsabilidad de actuar y de no mirar hacia otro lado. Falta todavía concretar muchas especificidades, pero lo importante es que ahora tenemos un buen marco para actuar, y que lo que hasta ahora dependía de la buena voluntad de personas e instituciones, pasa a ser un requerimiento legal para la mejor garantía de los derechos de los niños.
*NOTA: Los datos y reflexiones que contiene este artículo fueron objeto de debate en el monográfico “Nuevas oportunidades de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia (LOPIVI)” del Grupo de Igualdad de Oportunidades en la Infancia del Consejo Municipal de Bienestar Social (CMBS) en las que participaron una treintena de personas expertas en infancia. El CMBS es un órgano de participación ciudadana conformado por representantes del Ayuntamiento de Barcelona, de los grupos políticos municipales, de entidades sociales y de otras instituciones como la Sindicatura de Greuges o colegios profesionales. El Grupo de Trabajo del CMBS Igualdad de Oportunidades en la infancia está coordinado por el Institut Infància i Adolescència de Barcelona.
[1] Los datos que se refieren provienen de la Encuesta de la Juventud de Barcelona 2020 y del informe Datos Clave de Infancia y adolescencia en Barcelona 2020, en base a EBISB2017 (AjBCN), la FRESC2016 (ASPB) y la investigación de Perazzo, et al. (2020). Más daño me da a mí: La violencia que sufren los niños en casa y la protección especial que necesitan durante el confinamiento. Save the Children-España.
Autoría:
Laia Pineda Rüegg, directora del Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Elisenda González, especialista en protección y buen trato a la infancia de Educo
