(artículo publicado origináriamente en Xarxanet.org) 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes crecen en riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país. Con el crudo dato del 34,5%, España ocupa el primer puesto en pobreza infantil de la Unión Europea, y lo que es peor: la evolución muestra una tendencia al alza (la tasa es 2 puntos más alta que en 2022 y es la más alta desde 2015), según un informe de la European Anti-Poverty Network (EAPN). La tasa catalana es del 32,6% y en la ciudad de Barcelona es del 32,3%, unos 76.443 niños, niñas y adolescentes. Desgraciadamente los hogares con niños, niñas y adolescentes, sobre todo los monomarentales, tienen más riesgo de sufrir pobreza y/o exclusión que el conjunto de la población o que otros tipos de hogar.
Más allá de las medias, a nadie se le debería escapar, tampoco, la realidad diferencial de los territorios que hacen que, por ejemplo los distritos de Ciutat Vella y Nou Barris en Barcelona, tengan tasas de pobreza infantil mucho más elevadas que la media de ciudad.
La pobreza en el trabajo (aunque ha experimentado una ligera mejora en los últimos años) y el coste de la vivienda (que sigue ahogando a muchos hogares, sobre todo cuando hay niños y niñas) están en la base del empobrecimiento de las condiciones de vida de la infancia. 2 de cada 10 niños y niñas en Barcelona sufren carencias sociales y materiales severas, como no poder ir de vacaciones una semana al año, no poder hacer frente a un gasto imprevisto de 700€ o no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada (tanto en invierno como en verano).
Por eso Europa ha pedido a España que se ocupe de ello. Y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, lo ha dicho bien claro este julio: “Debemos cerrar la brecha de inversión en la infancia que tenemos con el resto de la UE. Pasar del 1,5% del PIB al 2,4%. Tenemos las herramientas, tenemos la riqueza. Sólo debemos redistribuirlo. Y el único ingrediente necesario para ello es la voluntad política”. Europa pide a España que aumenten las ayudas a las familias con niños o niñas (España se ha caracterizado por tener un sistema de transferencias a las familias históricamente muy débil) y que incremente las garantías para que más familias puedan beneficiarse de las ayudas disponibles (por ejemplo sólo 2 de cada 10 familias potencialmente beneficiarias del complemento para la infancia vinculado al Ingreso Mínimo Vital acaban ingresándolo).
Barcelona prepara una estrategia contra la pobreza infantil
Afortunadamente, las alertas han activado mecanismos en la buena dirección: España despliega desde el año 2022 y hasta el 2030 el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, que dará respuesta a la recomendación que Europa hizo llegar a todos sus estados miembros de desarrollar planes y estrategias para prevenir y combatir la pobreza infantil, romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza y fomentar la igualdad de oportunidades.
En el ámbito autonómico, y alineado con nueva Agenda de retos para la actualización del Pacto para la Infancia (2023), el pasado mes de marzo se presentó la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil en Catalunya 2024-2030, con el fin de reducir la pobreza infantil de forma contundente y avanzar hacia la igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y adolescentes de Catalunya.
Y, a nivel local, Barcelona está en proceso de elaborar su propia estrategia para combatir la pobreza infantil, de cara a 2025 y con horizonte 2030.
Las palancas para romper el ciclo de la desigualdad
Tal vez uno de los elementos más esperanzadores de las nuevas estrategias políticas para luchar contra la pobreza infantil es que, aparte de reforzar el sistema de transferencia de rentas (la ministra Rego quiere impulsar una prestación universal de 200€ por hijo/a a cargo) se focalizan en las palancas para romper el ciclo de reproducción de las desigualdades. Porque una criatura que crece en pobreza tiene altas probabilidades de sufrir pobreza en la edad adulta y de tener un hogar en el que sus hijos e hijas también sufrirán pobreza.
Por eso es tan importante que los planes y estrategias no sólo mejoren el sistema de transferencias a los hogares con niños y niñas a cargo, sino que se complementen con medidas que garanticen el acceso efectivo y gratuito a servicios de educación y cuidado de la primera infancia; a una educación obligatoria de calidad y acceso gratuito a actividades extraescolares; a la asistencia sanitaria (también de oftalmología, dentista y ortopedia); a una alimentación saludable y a, al menos, una comida saludable por día lectivo; y también a garantizar una vivienda adecuada (en coste y en condiciones de habitabilidad).
Hemos identificado estas palancas de cambio en las medidas mencionadas, por lo que Europa, España, Catalunya y Barcelona estarían alineadas en los principales ejes de lucha contra la pobreza infantil. Los resultados están aún por demostrar, pero cabe esperar que este nuevo foco político genere un cambio de tendencia en las tasas de pobreza de aquí a 2030.
Y es que la lucha contra la pobreza en la infancia no es sólo una cuestión de justicia social y de garantizar los derechos reconocidos de los niños y niñas. Es también un reto de inteligencia colectiva. Apenas el pasado año un informe del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil calculaba que la pobreza infantil tiene un coste de, al menos, 63.079 millones de euros al año, que es el equivalente al 5,1% del PIB español de 2019. Y no se refiere al coste que tiene financiar las políticas de infancia (hemos indicado al inicio del artículo que es de sólo el 1,5% del PIB), sino todo lo contrario, se refiere al coste que tiene no hacerlo. No invertir en infancia se traduce a nivel de país “en una reducción en la productividad (porque disminuye el potencial de empleo e ingresos de futuros trabajadores y trabajadoras), en una reducción de la calidad de vida y del estado de salud, y en una carga adicional en el coste y la eficiencia de los servicios públicos”.
Lo que nos indica que mantener altos niveles de pobreza infantil no sólo es profundamente injusto, sino que resulta altamente ineficiente (recordemos: el 1,5% del PIB de inversión -totalmente insuficiente- se traduce en un 5,1% del PIB en costes por no haber invertido más en la infancia). Invertir en infancia no sólo reducirá esta brecha coste-beneficio sino que hablará de una sociedad a la que le importan las generaciones actuales, y las futuras.
