Periodicamente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emite sus observaciones generales para dar orientaciones y concreción a la hora de interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia, pero lejos aún de cumplirse.
Hacía tiempo que esperaba esta Observación General nº19 sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de los niños para tener al alcance y poner en agenda criterios más precisos sobre cómo pasar de las normativas, políticas y supuestos consensos sociales sobre la importancia de la infancia a una concreción presupuestaria para hacer posible la realización progresiva de sus derechos.
La Convención sobre los Derechos del Niño
es el tratado de derechos humanos más ratificado
de la historia, pero aún
está lejos de cumplirse.
Sabemos que invertir en la infancia es una condición imprescindible para avanzar también como sociedad y combatir la inequidad con políticas predistributivas, nos lo recuerda el Nobel d’Economia James Heckman con sus análisis sobre el retorno social de la inversión en la etapa temprana de la vida y su importancia social y económica. Lo reivindican desde hace años organizaciones y plataformas sociales que trabajan en infancia tanto en Cataluña, como en España y en Europa, principalmente, en el marco de la alianza Investing in children para conseguir una estrategia de inversión centrada en la infancia.
Y también lo recoge la Comisión Europea en su la Recomendación Invertir en la infancia. Romper el ciclo de las desventajas (2013) cuando insiste en la relevancia de mantener una inversión en la etapa 0-17 y las familias en base a tres pilares: el acceso a recursos adecuados; el acceso a servicios asequibles y de calidad; y la participación social de los niños y adolescentes.
Tener debidamente en cuenta la infancia
en los presupuestos supone una concreción
del derecho al interés superior del niño
y se basa en la decisión estratégica
cuidar especialmente esta etapa
como un bien colectivo.
Así, tener debidamente en cuenta la infancia en los presupuestos supone una concreción del derecho al interés superior del niño en la asignación de recursos y, a la vez, se basa en la decisión estratégica de cuidar especialmente esta etapa como un bien col Colectivo. Tal como indica el Comité, se trata, de garantizar que el gasto público es suficiente, eficaz, eficiente y equitativo para avanzar en la realización progresiva de todos los derechos. En especial en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, ya que en estos, la Convención establece que hay que adoptar las medidas legislativas y administrativas hasta el máximo de los recursos disponibles (art.4). La Observación también alerta sobre la importancia de evitar medidas regresivas y recuerda que hay que aportar evidencias de los impactos en la infancia y la adolescencia.
Tal y como se recordó y se puso sobre la mesa en la jornada sobre inversión en la infancia organizada por UNICEF Comité Cataluña el 10 de noviembre, “los compromisos con los derechos de los niños hay que buscarlos, sobre todo, en los presupuestos” (Pichaud) . Y para encontrarlos hace falta poder trazar el esfuerzo financiero y respondernos: ¿Quien gasta? ¿Cuánto? ¿En qué? ¿Para qué? ¿De donde provienen los recursos? ¿A dónde van del territorio?
En esta importante tarea de medir qué parte del pastel de los presupuestos públicos contribuye a que la infancia y la adolescencia crezcan y vivan con los apoyos que necesitan para favorecer su máximo desarrollo, habrá que distinguir cuatro tipos de gastos: los directos (como escolarización básica, vacunas o becas comedor), los indirectos (como transferencias a las familias o a entidades sociales que trabajan con niños), los ampliados (como actuaciones contra la pobreza) y los de bienes públicos (imputando la proporción correspondiente por el peso de la población hasta los 18 años). Para profundizar, entre otros, está el módulo 6 la Elaboración de presupuestos sensibles a los niños del Child Rights Toolkit de la Unión Europea y UNICEF (acompañado de una pequeña formación online en español y gratuita).
A falta de datos y análisis más completos, actualmente, podemos destacar dos informaciones clave:
- Por un lado, insistir en el déficit histórico en inversión en infancia de España y Cataluña en el contexto europeo. El gasto público que recoge anualmente Eurostat en las estadísticas oficiales (la partida familias / hijos donde contabiliza básicamente protección social) sitúa a España y Cataluña a la mitad del gasto media europea en protección social de la infancia: mientras la UE dedica un 2,3 % del PIB, España un 1,3% y Cataluña un 0,9%.
- Por otro lado, en el estudio La infancia en los presupuestos publicado por UNICEF, se concluye que entre 2007 y 2013 se ha reducido un 15% el conjunto de partidas de infancia (educación, salud, bienestar, prestaciones) agregando presupuestos autonómicos y central. Además, esta reducción ha sido selectiva y ha afectado especialmente actuaciones dirigidas a la equidad como son educación 0-3, salud, educación pública, refuerzo escolar, becas…
Cataluña y España destinan
la mitad de los recursos a la infancia
que la media europea y, además,
entre el 2007 y el 2013,
gasto Pulicat en infancia
se ha reducido un 15%.
Por lo tanto, como un primer paso para hacer tangibles los compromisos con la infancia hay que blindarlos en los presupuestos, etiquetarlos para poder hacer el seguimiento y análisis y, finalmente, hacer la apuesta de dar un corte más grande del pastel público a los niños porque su bienestar no sólo es responsabilidad de todos, sino que también nos interesa colectivamente.
El bienestar de la infancia no sólo
es responsabilidad de todos,
sino que también
nos interesa colectivamente.
